Luego de casi diez años de gobierno bolivariano revolucionario, creo que no es secreto para ningún venezolano que las pretensiones hegemónicas de “Yugo Chávez” no tienen límites. Una vez más, somos testigos de un fraude y un atentado contra la estabilidad democrática de la República, una falta de respeto para con los poderes públicos que conforman el Estado y una burla al pueblo venezolano, o, mejor dicho, 26 burlas a la constitución y 26 bofetadas al pueblo; pero ya a estas alturas del “proceso” pareciéramos estarnos acostumbrando a ello, y eso es lo que resulta preocupante.
Los diversos tipos de propiedad, la creación de las Milicias Bolivarianas como Ejército privado al servicio del Presidente de la República, así como el contenido de la recién promulgada Ley de Administración Pública, que le permite al Ejecutivo designar “dedocráticamente” funcionarios públicos a su conveniencia, son cuestiones que fueron rechazadas ya el pasado 2 de diciembre mediante el voto popular, y el volver simplemente a proponer algo que fue rechazado por la mayoría electoral del país es ilegal y, por demás, inmoral, pues alguien que se dice demócrata, y que además afirma creer en la Democracia Participativa, no puede simplemente “participarle” al país que un día amanecimos mágicamente con 26 nuevas leyes, cuyo contenido no es conocido ni siquiera por el escuadrón de “levantabrazos” de la Asamblea Nacional que se hacen llamar Diputados, pues, según Carlos Escarrá, los Decretos-Leyes fueron discutidos en Consejo de Ministros. Además, llama la atención la actitud irresponsable de muchos parlamentarios que, ante este tema, dan las ya acostumbradas declaraciones adulantes al mandamás de Miraflores y las esperadas declaraciones favorables al “paquetazo”, aún cuando no conocen el contenido de las leyes promulgadas.
Llama mucho la atención, además, que en un organismo del poder público en el que el debate debería ser la prioridad, donde el debate debería ser cuestión del día a día, donde el debate debería estar siempre presente sobre todos los temas de política nacional, como lo es el Poder Legislativo, su presidenta, ante la petición de uno de los diputados de revisar y discutir las leyes del paquete, afirme que “no hay nada que discutir” y dé Fe absoluta en que el contenido de las leyes se ajusta a derecho y es constitucional, aun cuando alguno de los títulos resulte sospechoso por incluir a la “Fuerza Armada Nacional”, siendo este un tema extremadamente delicado y de sumo cuidado en su reglamentación.
En pocas palabras, los venezolanos hemos sido testigos una vez más de arbitrariedades y aberraciones gubernamentales, pues el conjunto de leyes recién promulgadas por el ejecutivo, en ejercicio de los poderes que le otorga la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional, lo único que hace es darle más poder al poder, más poder a un indivíduo y más poder a quien ha demostrado tener pretensiones totalitarias y absolutamente centralistas, y ha violado en reiteradas ocasiones la Constitución, cuya redacción fue solicitada por él mismo, y un sin fin de leyes que rigen el correcto funcionamiento e independencia de los poderes públicos que conforman el debilitado estado venezolano. Son 26 leyes antidemocráticas, 26 leyes que burlan la voluntad popular venezolana, 26 leyes que violan la constitución vigente: 26 leyes de “mierda”.
Los diversos tipos de propiedad, la creación de las Milicias Bolivarianas como Ejército privado al servicio del Presidente de la República, así como el contenido de la recién promulgada Ley de Administración Pública, que le permite al Ejecutivo designar “dedocráticamente” funcionarios públicos a su conveniencia, son cuestiones que fueron rechazadas ya el pasado 2 de diciembre mediante el voto popular, y el volver simplemente a proponer algo que fue rechazado por la mayoría electoral del país es ilegal y, por demás, inmoral, pues alguien que se dice demócrata, y que además afirma creer en la Democracia Participativa, no puede simplemente “participarle” al país que un día amanecimos mágicamente con 26 nuevas leyes, cuyo contenido no es conocido ni siquiera por el escuadrón de “levantabrazos” de la Asamblea Nacional que se hacen llamar Diputados, pues, según Carlos Escarrá, los Decretos-Leyes fueron discutidos en Consejo de Ministros. Además, llama la atención la actitud irresponsable de muchos parlamentarios que, ante este tema, dan las ya acostumbradas declaraciones adulantes al mandamás de Miraflores y las esperadas declaraciones favorables al “paquetazo”, aún cuando no conocen el contenido de las leyes promulgadas.
Llama mucho la atención, además, que en un organismo del poder público en el que el debate debería ser la prioridad, donde el debate debería ser cuestión del día a día, donde el debate debería estar siempre presente sobre todos los temas de política nacional, como lo es el Poder Legislativo, su presidenta, ante la petición de uno de los diputados de revisar y discutir las leyes del paquete, afirme que “no hay nada que discutir” y dé Fe absoluta en que el contenido de las leyes se ajusta a derecho y es constitucional, aun cuando alguno de los títulos resulte sospechoso por incluir a la “Fuerza Armada Nacional”, siendo este un tema extremadamente delicado y de sumo cuidado en su reglamentación.
En pocas palabras, los venezolanos hemos sido testigos una vez más de arbitrariedades y aberraciones gubernamentales, pues el conjunto de leyes recién promulgadas por el ejecutivo, en ejercicio de los poderes que le otorga la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional, lo único que hace es darle más poder al poder, más poder a un indivíduo y más poder a quien ha demostrado tener pretensiones totalitarias y absolutamente centralistas, y ha violado en reiteradas ocasiones la Constitución, cuya redacción fue solicitada por él mismo, y un sin fin de leyes que rigen el correcto funcionamiento e independencia de los poderes públicos que conforman el debilitado estado venezolano. Son 26 leyes antidemocráticas, 26 leyes que burlan la voluntad popular venezolana, 26 leyes que violan la constitución vigente: 26 leyes de “mierda”.
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